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    enero 15, 2015
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    ¿Cómo delimitar si un acto jurídico es inválido o ineficaz?

     

    Por: Rosa Edith Valdivia Reyes.

    Comité de Auditoria Social de Lambayeque.[1]

    Sumario:

    1.       Introducción

    2.       ¿Qué es el Acto Jurídico?

    • 3.       Invalidez e Ineficacia del Acto Jurídico
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    3.1.              Eficacia vs. Ineficacia

    3.2.              Causas de la Ineficacia del Acto Jurídico

    3.3.              Tipos de Ineficacia del Acto Jurídico

    4.       Validez o Invalidez del Acto Jurídico

    5.       Nulidad y Anulabilidad: Similitudes y diferencias

    New Added New A Added A New Irinoa Added Irinoa A PhotoFacebook Irinoa PhotoFacebook roedWCxB6.       Conclusiones

     

    1.       Introducción.

    En la práctica del derecho civil a menudo nos encontramos con problemas  al interior de la celebración de un determinado acto jurídico, por lo que al momento de resolverlo se  generan ambigüedad en los conceptos y sustentos que se manifiestan para resolver tal o cual caso. Sobre todo en cuanto a la falta de delimitación en términos de invalidez e ineficacia de un acto jurídico.

    Anibal Torres Vásquez explica: “Nuestra legislación no distingue claramente entre  la invalidez y la ineficacia del acto jurídico.(…) No se puede identificar VALIDEZ  con EFICACIA, porque reuniendo el acto los requisitos de validez y sin vicio alguno que los afecte, una circunstancia de hecho extrínseca e intrínseca  (que no constituye requisito de validez) puede impedir su eficacia. De acuerdo a esta consideración la INEFICACIA puede deberse: a) a la invalidez del acto, es decir, a causas internas, y b) a causas externas a un acto válido. (…)El código utiliza como sinónimas las expresiones  nulidad absoluta e inexistencia del acto jurídico y vincula la validez con la nulidad (ver redacción de los arts. 140 y 219 del Código Civil). No hay una terminología constante para indicar a la nulidad: unas veces se habla de nulidad (ej. Art. 219 del Código Civil), otras de invalidez (ej. Art. 171 del Código Civil) y otras se dice “no hay” acto jurídico (ej. Art. 1359 del Código Civil), “no tiene eficacia”, “no puede adquirir derechos” (ej. Art. 1366 del Código Civil), etc.

    Por otro lado algunos doctrinarios rechazan la distinción entre invalidez e ineficacia por considerarlos conceptos idénticos, es así que Díez-Picaso, L., afirmaba que “la distinción entre invalidez e ineficacia no me parece admisible”; sin embargo posteriormente se ve en la necesidad de distinguir los dos términos al analizar un caso particular.

    Como podemos apreciar, este problema de delimitación no solo pasa por las personas judicialmente encargadas de dar solución a problemas de esta orden, pasa también por doctrinarios y por qué no decirlo por  estudiantes de derecho, que a la hora de determinar si una acto  presenta patologías en su celebración, estructura o efectos se le puede atribuir la misma denominación o es que se debe precisar qué figura se presenta para poder dar solución a determinado caso.

    Es por ello que atendiendo a las anteriores situaciones planteadas que me he permitido investigar el tema para poder vislumbrar con mayor objetividad ¿Cómo delimitar si un acto es válido o ineficaz?

    2.       ¿Qué es el Acto Jurídico?

    El acto jurídico[2] en la delimitación conceptual que traza la doctrina nacional, es entendido como el hecho jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de la voluntad y efectos jurídicos. De igual modo se ha afirmado que el acto jurídico: “es una especie dentro del hecho jurídico, pues aquel descarta la involuntariedad y la ilicitud. Del mismo modo es necesario considerar que el artículo 140 del Código Civil, establece que “el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Aclarar que la teoría del acto jurídico es producto de la doctrina clásica francesa, que no fue acogida por el Código Civil francés del 1804. Sin embargo dicha teoría fue asimilada aunque con ciertas variantes en Latinoamérica. (Espinoza, 2008).

    Es el acto con el cual el individuo regula por sí los intereses propios en las relaciones con los otros  (acto de autonomía privada) y al que el Derecho enlaza los efectos más conformes  a la función económico-social que caracteriza  su tipo (típica en este sentido). (Betti, 2000).

    3.       Invalidez e Ineficacia del Acto Jurídico

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    Es necesario aclarar que el sistema jurídico busca que los actos jurídicos y contratos sean eficaces, a fin de que  los particulares puedan satisfacer sus más variadas y distintas necesidades de orden social y personal. Sin embargo, el ordenamiento jurídico reacciona en forma negativa cuando se celebra un acto jurídico  que no cumple con alguno de los requisitos  que establece las normas jurídicas, o cuando carece de alguno de los elementos, o presupuestos  que se establecen normativamente, o cuando  el contenido del acto jurídico celebrado no se ajusta  a derecho, por contravenir los principios de orden público, las buenas costumbres o normas imperativas.

    Reacciona de modo negativo cuando por eventos posteriores a su celebración, los actos jurídicos que han venido produciendo normalmente sus efectos, desde la fecha misma de su celebración, dejan luego de producirlos, por lo tanto se sanciona con que los actos sean ineficaces.

    La regla general es que en un acto jurídico válido produzca efectos jurídicos, vale decir, sea eficaz. Sin embargo, nos podemos encontrar frente a casos de actos jurídicos válidos pero ineficaces, como el supuesto del acto jurídico sometido a condición suspensiva o frente al caso de actos jurídicos inválidos, pero ineficaces, como el supuesto del (denominado) matrimonio putativo, regulado en el art. 84 del Código Civil, en el que el matrimonio invalidado produce efectos jurídicos (como si se tratase de un divorcio) con respecto al cónyuge que lo contrajo de buena fe. (Espinoza, 2008)

    Así, la diferencia lógica entre ineficacia e invalidez es que la ineficacia es el género y la invalidez, la especie. Es decir, la invalidez es una clase de ineficacia que ataca a un acto a causa de un vicio en su constitución.[3]

    A continuación describiremos en mayor detalle los conceptos relativos a eficacia e ineficacia para luego describir los conceptos validez e invalidez.

    3.1.               Eficacia vs. Ineficacia

    En cuanto a eficacia e ineficacia, veremos que son términos opuestos y que la eficacia del acto o acto jurídico consiste en la aptitud de éste para producir los efectos pretendidos por el sujeto o los sujetos que lo realiza. La ineficacia, al contrario, será la incapacidad de éste para producir sus efectos, bien porque ha sido mal constituido, o bien porque ciertas circunstancias exteriores a él impiden tales efectos.

    En opinión de Diez Picazo, la ineficacia representa la contrapartida de la eficacia. Así si nos referimos a la eficacia, aludimos a la producción de determinadas consecuencias, es decir  debe de observar lo convenido y una vinculación a lo establecido; cuando se habla de ineficacia  nos referimos a la falta de producción de consecuencias, o bien de aquellos resultados que debieron producirse u operarse por la celebración del contrato o acto jurídico.[4]

    Se debe tener en cuenta que la ineficacia de los actos resulta ser un concepto jurídico que no se corresponde con su sentido semántico, porque algo ineficaz, según la definición académica, no puede producir efectos ya que carece de actividad. Mientras que para el derecho aun los actos ineficaces producen algunas consecuencias. De este modo en muchos supuestos los actos jurídicos no producen nunca efectos  jurídicos o dejan de producir efectos jurídicos  que se han venido produciendo. En estos casos nos encontramos frente a supuestos de ineficacia del acto jurídico. De esta manera puede señalarse que los actos jurídicos ineficaces son aquellos que nunca han producido efectos jurídicos o aquellos que habiéndolos producido dejan de producirlos posteriormente por la aparición de una causal sobreviniente a la celebración del mismo acto jurídico.[5]

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    A partir del estudio de nuestra legislación y doctrina podemos concluir que se denomina ineficaz al acto jurídico que por causas ajenas a su propia conformación no surte efectos o no pueda continuar produciendo los efectos que se propusieron las partes. Observando el acto desde el sesgo de su funcionalidad, la ineficacia convierte al acto en inservible o inútil.

    La ineficacia no está tratada de modo sistemático en nuestra legislación civil y las causales que las producen están desperdigadas por el Código Civil (Francisco Moreyra Sayán, 2005). Sin embargo, es adecuado delimitar las principales fuentes o causales de ineficacia, y como operan las que nuestro código ha tipificado, así como la tipología de actos ineficaces.

    3.2.               Causas de la Ineficacia del Acto Jurídico

    La ineficacia tiene muy diversas causas, tantas y variadas, que no pueden ser taxativamente enumeradas, sin embargo, sí podemos hacer una lista de las principales:

    –        Una intrínseca a la conformación de acto, constituida por la falta de alguno de sus requisitos esenciales: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, observancia de la forma bajo sanción de nulidad. En todos estos casos nos hallamos ante la nulidad del acto jurídico declarada por el artículo 219 del Código Civil.

    –        Incumplimiento de una norma imperativa, a las que el código Civil peruano llama preferentemente normas de orden público. Esta es una causal de nulidad expresamente considerada en el artículo V del título Preliminar del Código y en el inciso 8 de su artículo 219.

    –        Simulación absoluta, que es causa de nulidad del acto según el artículo 219 inciso 5 del código Civil.

    –        Incumplimiento de obligaciones recíprocas en los contratos que las contienen. En este caso, se produce una ineficacia por lo menos temporal, que ha sido establecida en el artículo 1426 del Código Civil.

    –        Anulabilidad del acto jurídico, producida por las causales establecidas en el código, cuya norma general es el artículo 221.

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    –        Revocación[6]

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    –        Rescisión[7]

    –        Acto sujeto a modalidades (condición, plazo, cargo) en tanto ellas no se cumplen si son suspensivas, o a partir del cumplimiento si son resolutorias.[8]

    –        Mutuo disenso[9]

    –        Resolución

    –        Caducidad del acto jurídico.

    –        Imposibilidad sobrevenida de cumplir la obligación

    –        Ineficacia frente a terceros, cuando el acto es válido para las partes, pero inoponible a los demás.

    –        Necesidad aún no satisfecha de que el acto sea aprobado por terceros, por algún magistrado (por ejemplo el juez), o por la autoridad administrativa.[10]

    –        Circunstancia varias como por ejemplo capitulaciones matrimoniales con muerte de uno de los otorgantes antes del matrimonio, etc.

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    3.3.              Tipos de Ineficacia del Acto Jurídico

    De estas muchas formas, puede apreciarse que la eficacia (y la ineficacia) del acto jurídico ha sido clasificada por la doctrina en parciales, o totales, temporales o permanentes, inicial, sobrevenida y posterior.[11] Definiremos a continuación algunas de estas tipologías.

    Hay ineficacia total cuando el acto no produce ninguno de sus defectos, para ningún sujeto; es decir afecta a todo el acto jurídico y deja sin valor las cláusulas o pactos que aisladamente no merecen sanción. Es el caso de los actos nulos o convalidables (acto nulo convalidable es el matrimonio, en ciertos casos).

    Hay ineficacia parcial cuando sólo invalida  a una parte del acto jurídico dejando que produzca sus efectos en el resto; el acto produce alguno de sus efectos o también, cuando los produce para ciertas personas pero no para ciertas cosas.

    Por su parte, Compagnucci de Caso, R., distingue a su vez entre ineficacia absoluta y relativa, atendiendo a los sujetos a quienes alcanzan los efectos de la ineficacia, Cuando el acto jurídico es ineficaz absoluto. La ineficacia se produce para nadie, ni para las partes, ni sus sucesores, ni para los terceros. Como afirma Díez picazo, se trata de una ineficacia que se produce erga omnes. Y será, ineficaz relativo, tal como indica su enunciado, en los supuestos en que produce efectos solamente respecto a ciertas personas o núcleo de personas. Se une en ciertos casos lo actos inoponibles, cuando por ejemplo el deudor o un tercero realizan el acto en fraude a sus acreedores. Entre las partes es ineficaz, pero no puede ser opuesto a ciertos  acreedores; o bien en el caso de los actos simulados cuya ineficacia no puede alcanzarse contra los terceros de buena fe, pero sí entre los concurrentes al acto ficticio.

    Sin embargo la doctrina nacional mayoritaria expresada en la opinión de Lizardo Taboada nos habla de dos tipos de ineficacia del acto jurídico: la ineficacia inicial: la ineficacia inicial u originaria (denominada también ineficacia por causa intrínsecas o ineficacia estructural) y la ineficacia sobreviniente o funcional (denominada también ineficacia por causa extrínseca). Los supuestos de ineficacia funcional son todos aquellos en los cuales  un acto jurídico que venía produciendo normalmente efectos jurídicos, deja de producirlos posteriormente por la aparición de una  causal sobreviniente a la celebración del acto jurídico. Los supuestos típicos  de ineficacia funcional son la resolución y la rescisión (coetánea a la celebración del acto jurídico).

    En el caso de la ineficacia estructural nos encontramos con actos que por su misma estructura o constitución no pueden desarrollarse, ya sea por su propia imperfección, defecto o vicio, ello le impide dar vida normalmente a la relación jurídica. El acto jurídico no produce nunca efectos jurídicos  por haber nacido muerto  o deja de producir retroactivamente todos los efectos jurídicos que hubiera  producido  por haber nacido gravemente enfermo. Es así que la ineficacia originaria se presenta en dos supuestos: la nulidad y la anulabilidad (art. 219 del Código Civil), recibiendo ambas el nombre genérico de invalidez en el código Civil peruano, debiendo quedar claro que el sistema nacional no reconoce la categoría de inexistencia. La sanción de ineficacia inicial se aplica desde el origen del acto; en cambio en la sobrevenida lo es desde que ocurre la circunstancia prevista en la ley o en la voluntad de las partes.[12]

    En cuanto al tema de ineficacia funcional, el jurista Taboada afirma que ésta   se da ante la existencia de causas sobrevinientes que hacen perder efectos a éstos actos jurídicos como la rescisión, la revocación y la resolución, sin dejar de lado otros supuestos como el acto jurídico sometido a condición o la caducidad de los derechos.

    Entendida la rescisión como una acción de impugnación en favor de personas desprotegidas, que son perjudicadas aun ante la aplicación normal de las leyes, la revocación, como la facultad que la ley concede a ciertas personas, otorgantes de actos de confianza, para dejarlos sin efecto en virtud de su propia voluntad y la resolución, donde importa el rompimiento del vínculo jurídico del acto jurídico para acaecer circunstancias sobrevinientes.

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    3.4.              Validez o Invalidez del Acto Jurídico

    En el caso de la validez podemos afirmar que es aquella característica que el acto jurídico asume al  haber reunido en él todos los requisitos fácticos  y jurídicos establecidos por el derecho para su conclusión debida.[13] . Por su parte, invalidez es aquella situación donde el acto jurídico que carece de algún elemento reputado esencial o constitutivo, el elemento sin el cual el acto no llega a formarse.[14]

    Al respecto, Betti señala que “Se denomina inválido, propiamente, el acto jurídico en el que falte o se encuentre viciado alguno de sus elementos esenciales, o carezca de uno de los presupuestos necesarios al tipo de acto jurídico o que pertenece. Invalidez es aquella idoneidad para producir los efectos esenciales del tipo que deriva la lógica correlación  establecida entre requisitos y efectos  por el dispositivo de la norma jurídica y es, conjuntamente, la sanción del deber impuesto a la autonomía privada de utilizar medios adecuados para la consecución de sus fines propios”.

    Por su parte, el jurista Savigny distingue dos formas de invalidez, la invalidez completa y la invalidación parcial: “Llamo invalidación completa a aquella que quita toda la eficacia al acto jurídico y por consiguiente, que es igual en extensión y poder al hecho que destruye. La expresión técnica empleada en este caso es la de nulidad”; y por  “La invalidación parcial es por naturaleza es enteramente variable, pues se pueden concebir una multitud de obstáculos que en diferentes grados se opongan a la eficacia de los actos jurídicos. Se muestra bajo la forma de una acción, de una excepción, de una obligación que tenga por objeto un nuevo acto jurídico contrario al anterior, de una restitución o finalmente de una bonorum possesio contra tabulas. Para comprender estos casos tan diversos bajo una designación común, digo que la relación de derechos es entonces vulnerables”.[15]

    La validez es el momento estático del acto jurídico y se configura cuando el mismo cuenta con todos sus elementos esenciales (agente, objeto, fin y formalidad, si se trata de un acto ad solemnitatem). La eficacia es el momento dinámico del mismo y se configura como consecuencia de la validez, al producirse los efectos jurídicos del acto jurídico.

    De esta manera el acto jurídico válido puede ser a su vez ineficaz, no porque le falten requisitos intrínsecos, sino porque algún factor externo le impide producir sus efectos. Para Rubio Correa, Marcial, las relaciones entre invalidez e ineficacia son claras: aquélla es una de las especies de ésta. En otras palabras, la invalidez es la ineficacia producida por vicios intrínsecos al acto, en tanto que la ineficacia es general, es cualquier situación en la que el acto deja de producir efectos. Es más un acto válido  puede devenir en ineficaz (por ejemplo, si es revocado, rescindido, o terminado por mutuo disenso, o si la condición a la que estaba sujeto no se verifica, etc.). A la inversa, un acto inválido puede volverse eficaz si el vicio es subsanado, es decir, si el acto es convalidado.

    La calificación de inválido o ineficaz, que entonces se le adjudica, presupone, precisamente, un cotejo entre el acto jurídico concreto que se considera y el tipo o género de acto jurídico que éste pretende representar.  Y expresa una apreciación negativa que es, en cierto modo, el reverso de aquella otra, positiva, que hace la ley respecto al acto jurídico-tipo, al que faculta para producir nuevas situaciones jurídicas.Heat Vesta Flickr Like … PaellaJust Water This Add And Magic PXikZu[16]

    Sobre esta relación entre invalidez e ineficacia, García Amigo, afirma: “(…) ambos conceptos se manifiestan en dos planos distintos; la validez-invalidez se refiere a la celebración del acto jurídico, mientras la eficacia-ineficacia es la consecuencia del  acto jurídico la invalidez actúa como causa de ineficacia, originando uno de sus  supuestos más importantes”.

    Ahondando en estas diferencias, Renato Scognamiglio, expone “es preciso distinguir la invalidez de la ineficacia  en sentido estricto. Esta se presenta cuando el contrato  válidamente celebrado no produce todavía sus efectos  y también cuando los efectos regularmente producidos  decaen posteriormente (…) La ineficacia en sentido estricto consiste en la falta inicial, o a partir de un momento posterior, de los solos efectos finales del contrato (que en todo caso es válido). Su fundamento radica en un defecto funcional del contrato, de acuerdo con las disposiciones de las partes o en razón de una norma legal”.[17]

    Concluyentemente podemos afirmar que la invalidez se configura por una patología de los elementos esenciales del acto jurídico por presentarse un vicio en la manifestación de la voluntad (error, dolo, intimidación y violencia). La ineficacia se produce por la no configuración de efectos jurídicos el acto jurídico.

    Por lo expuesto debemos inferir que los vocablos ineficacia e invalidez son distintos, pues tiene significados y efectos diferente; un acto ineficaz no necesariamente es inválido, sin embargo el acto válido no implica que necesariamente sea ineficaz y pues  hay actos inválidos que producen efectos.

    Así, podemos definir la invalidez como la privación de tutela jurídica a efectos típicos y consustanciales a la especie negocial jurídicamente tutelados, o porque hay un vicio que deriva de la propia estructura del acto jurídico o de sus elementos, o de específicas disposiciones legales.

    Por su parte es importante destacar que nuestro Código Civil en los artículos 171, 743, 757, 806, 1497, 1629, 1634, 1635, 1694, y 2013 utiliza el término invalidez como sinónimo de nulidad. El artículo 798 utiliza como expresión particular “carece de valor” y el artículo 1643 habla de “invalidación de pleno derecho”, lo que constituye una referencia  conceptual  a la nulidad. Esta referencia es particularmente importante pues expresa la intención del legislador peruano quien en la lógica de los términos anteriormente descritos ha asimilado la figura de Nulidad como una forma de Invalidez del Acto Jurídico.

    En este orden de ideas, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia han definido 2 clases de Invalidez del Acto Jurídico: Nulidad y Anulabilidad.

    4.       Nulidad y Anulabilidad: Similitudes y diferencias

    La nulidad es “la forma más grave de invalidez del acto jurídico” e importa la definitiva idoneidad del acto para producir efectos”. Sin embargo, esta no excluye  que el acto jurídico” pueda ser relevante frente a terceros y que pueda producir efectos entre las partes”. La nulidad puede ser total o parcial. Por su parte la anulabilidad es aquella forma de invalidez que somete al acto jurídico “a la sanción de ineficacia de aplicación judicial”. Se sostiene que el acto jurídico anulable “es provisionalmente productivo de sus defectos; pero es susceptible de ser declarado ineficaz mediante sentencias”.[18]

    En este sentido reitera Albaladejo que: “los actos jurídicos nulos y los anulables se llaman inválidos, advirtiéndose que, en ellos, la carencia de efectos en los primeros o la amenaza de destrucción que pesa sobre los segundos procede de un defecto intrínseco al acto jurídico; a diferencia de lo que ocurre  en las otras categorías  de acto jurídicos ineficaces inicialmente o de eficacia amenazada, en las que la ineficacia procede de una causa externa al acto jurídico”.

    Es menester realizar la delimitación de las características de la nulidad y de la anulabilidad, estableciendo sus semejanzas y diferencias: En el caso de las semejanzas Lizardo Taboada Córdova, señala que todas las causales de nulidad como aquellas de anulabilidad se presentan siempre al momento de la celebración del acto jurídico, ambos suponen un defecto en la estructura del acto jurídico, de manera que las causales de nulidad como las de anulabilidad son de carácter legal, es decir, establecidas e impuestas por la ley, no pudiendo ser creadas por los particulares.

    Precisando sus diferencias, Lizardo Taboada indica que. “el acto jurídico nulo es aquel que carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o aquel que teniendo  todos los aspectos en su estructura tiene un contenido ilícito, por contravenir las buenas costumbres, el orden público o normas imperativas. Por el contrario el acto jurídico anulable es aquel que tiene todos los aspectos de su estructura y su contenido es perfectamente lícito, sólo que tiene un vicio estructural en su conformación. Se dice de éste el acto jurídico viciado”.

    Esta diferencia ha sido reiterada por la Jurisprudencia de la Corte Suprema:

    ….“Nuestro ordenamiento distingue dos clases de nulidades, la que tiene por principio el interés público (absoluta) y la que concede a favor de ciertas personas o intereses privados (relativa). La nulidad relativa conduce al acto anulable, y esta se produce cuando en el acto concurren los requisitos esenciales, pero que adolece de algún vicio, tal como lo prescribe el artículo 221º del Código Civil.”…..[19]

    Una diferencia adicional en relación a los efectos de ambas nulidades es que el acto jurídico nulo nunca produce los efectos jurídicos que tenía que haber producido y en caso del acto jurídico anulable nace con vida y produciendo todos sus efectos jurídicos, pero por haber nacido con un vicio en su conformación tiene un doble destino alternativo y excluyente: o es confirmado; es decir subsanado por la parte afectada por la causal, en dicho caso seguirá produciendo normalmente todos sus efectos.

    Otra diferencia importante es que la nulidad está basada en la tutela del interés público, mientras que las causales de anulabilidad tutelan el interés privado. A su vez los actos jurídicos nulos no son confirmables, a diferencia de los actos jurídicos anulables que sí son subsanables.

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    La naturaleza de los interés que se tutelan determinan que la acción de nulidad puede ser interpuesta no sólo por cualquiera de las partes sino cualquier tercero, siempre que acredite legítimo interés económico o moral, incluso puede ser interpuesta ante el Ministerio público; por el contrario la acción de anulabilidad que tiene por objetivo declarar la nulidad, sólo pueden interponerla la parte perjudicada por la causal en cuyo beneficio la ley establece dicha acción.

    Las decisiones a las que se llegue por medio de una pretensión de nulidad de un acto jurídico nulo es simplemente declarativa, se limita a constatar que el acto jurídico nunca ha producido sus efectos mientras que la sentencia en  materia de nulidad del acto jurídico anulable es constitutiva y por ello tiene efecto retroactivo a la fecha de celebración del acto jurídico.

    De esta forma, la anulabilidad siempre es expresa; viene declarada directamente por la norma jurídica, mientras que la nulidad puede ser expresa o tácita. La nulidad expresa o textual es aquella que se presenta cuando la norma declara directamente la nulidad del acto jurídico en un determinado supuesto, mientras que la nulidad tácita o virtual es aquella que se configura cuando el acto jurídico celebrado contraviene las buenas costumbres, el orden público o una o varias normas imperativas.

    El Código Civil peruano no aplica el principio de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad, por cuanto la acción de nulidad prescribe a los diez años, mientras que la acción de anulabilidad a los dos años.

    “…..Hay que reparar que cuando el artículo 2001 del Código Civil establece una escala para fijar el tiempo de prescripción de los actos jurídicos, tiene en cuenta para su graduación: la naturaleza del acto que se pretende cautelar; así, a mayor importancia mayor tiempo para la prescripción y a menor importancia menor tiempo. Es por eso que las acciones personales, reales, las que nacen de una ejecutoria y la nulidad del acto jurídico tienen como plazo de prescripción diez años, el más largo de los que contempla el Código Sustantivo. Ello se debe a que en estos casos se protege relaciones obligacionales, o se defiende al titular de un derecho real, o la obligación surge de la intervención del ente jurisdiccional o el vicio compromete la estructura del propio acto jurídico. Por el contrario, cuando la importancia del acto es menor (artículo 2001 inciso 4° del Código Civil), éste prescribe a los dos años, como en el caso de la pensión alimenticia (acto siempre renovable), la responsabilidad extracontractual (que no surge de una obligación contraída), la acción pauliana (que supone un fraude que debe invocarse con rapidez para salvaguardar el circuito económico) y la acción de anulabilidad (que cuestiona elementos del acto jurídico que pueden ser subsanados vía confirmación)….”[20].

     

    Por ello, presentamos el siguiente cuadro elaborado por Andrés Cusi Arredondo:

     

    No obstante la aparente claridad de estas terminologías en relación a la nulidad la práctica jurisdiccional y los conflictos en materia contractual en relación con temas como la prescripción adquisitiva de dominio y la tercería excluyente de propiedad han planteado problemas para la jurisprudencia que aun no ha dado soluciones uniformes en todos los casos. En ese sentido será un reto importante para los jueces y los propios litigantes tener claridad en los conceptos de validez e ineficacia en el momento de interpretar los supuestos de nulidad y anulabilidad del Acto Jurídico.

    5.       Conclusiones:

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    –          La Ineficacia consiste en la deficiencia de los efectos de que debe surtir un acto jurídico en su celebración, la cual puede darse desde su celebración o por deficiencias posteriores a la celebración del mismo.

    –          La ineficacia puede ser de dos clases: Estructural y Funcional. Se habla de ineficacia estructural en referencia a actos que por su misma estructura o constitución no pueden desarrollarse, ya sea por su propia imperfección, defecto o vicio, ello le impide dar vida normalmente a la relación jurídica mientras que se habla de ineficacia funcional cuando existen causas sobrevinientes que hacen perder efectos a éstos actos jurídicos como la rescisión, la revocación y la resolución.

    –          La invalidez es una clase de ineficacia que ataca a un acto a causa de un vicio en su constitución, es decir, un vicio que ataca a uno de los elementos del acto en el momento de su celebración.

    –          La invalidez puede ser de dos clases: nulidad y  anulabilidad que son las dos formas de invalidez delimitadas por la doctrina y reguladas en el código civil peruano.

    –          El acto jurídico nulo es aquel que carece de algún elemento, presupuesto o requisito, o aquel que teniendo  todos los aspectos en su estructura tiene un contenido ilícito, por contravenir las buenas costumbres, el orden público o normas imperativas. Por el contrario el acto jurídico anulable es aquel que tiene todos los aspectos de su estructura y su contenido es perfectamente lícito, sólo que tiene un vicio estructural en su conformación.En Hombre Davosa Reloj Pulsera Hecho Cerami Para Suiza De b7yYg6f

     

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    • RUBIO CORREA, Marcial(2003). Nulidad y Anulabilidad, la Invalidez del Acto Jurídico, 6ta. Edición. Lima: Fondo Editorial de la pontificia universidad Católica del Perú.
    • TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2002). Acto Jurídico Negocio Jurídico y Contrato, 1ra. Edición. Lima: Grijley.
    • TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2002). Nulidad del Acto Jurídico, 2da.Edición.Lima: Grijley.
    • De Zapatos InviernoSonnena Alta Parte Botas Botines Superior Mujer RLqcj345A
    • TABOADA CÓRDOVA, Lizardo (2006). Negocio Jurídico, Contrato y Responsabilidad Civil. Lima. Grijley.


    [1] Estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y voluntaria del proyecto  “Auditoria Social a los Sistemas de Justicia”

    [2] Para efectos de la presente investigación realizaremos la equivalencia del término Acto Jurídico al de Negocio Jurídico

    [3]Para Max 270 Air En Nike Tenis 2019Zapatos Hombre Calzado xBCeodr García Sayan, Francisco Moreyra. El Acto Jurídico según el Código Civil Peruano. 2005. Fondo Editorial de la PUCP. Pag. 319.

    [4] COMPAGNUCCI DE CASO, R. (1992). El negocio jurídico. Buenos Aires. Edit. ASTREA. Pp. 494.

    [5] TABOADA CÓRDOVA, L. (2002). Acto jurídico, Negocio jurídico y contrato. Lima: Edit. Grijley E.I.R.L. Pp. 298.

    [6] ALBALADEJO, M. Op. Cit., Cap. XV; pp. 397-398

    [7] CASTRO Y BRAVO, F. de.Op. cit,. Parte VI; Cap. IV; p. 520.

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    [8] ALBALADEJO, M. Op. Cit., Cap. XV; pp. 397-398

    [9] GARCÍA AMIGO, M. Op cit., Lección 32; pp. 851-853

    [11] COMPAGNUCCI DE CASO, R. (1992). El Negocio Jurídico. Buenos Aires. Edit. Astrea. PP. 498

    [12] DÍEZ PICAZO, Fundamentos, t. I, p. 292, n° 331.

    [13]En Hombre Davosa Reloj Pulsera Hecho Cerami Para Suiza De b7yYg6f RUBIO CORREA, M. (2003). Nulidad y anulabilidad. La invalidez del acto jurídico. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. Sexta Edic. Pp. 15

    [14] GARCIA SAYAN, FRANCISCO MOREYRA. El acto Jurídico según el Código Civil Peruano. 2005. Fondo Editorial de la PUCP. Pág. 326.

    [15] Ibídem 15

    [16] BETTI, E. (2000).Teoría del Negocio Jurídico. Edit. COMARES. Pp. 404.

    [17] MEZA MAURICIO, G. (2003) EL negocio jurídico- Manual teórico práctico. Lima. Edit. Alegre E.I.R.L. Pp. 237.

    [18] ESPINOZA ESPINOZA, J.(2008).  Acto jurídico negocial. 1ra. Edición. Edit. Gaceta Jurídica. Pp.483-484.

    [19] Corte Suprema de Justicia de la Republica. CASACIÓN N° 1227-2012. Considerando Noveno. Sentencia emitida por el Juez Supremo Calderón Puertas participante del proyecto de Auditoria Social a los Sistemas de Justicia.

    [20] Corte Suprema de Justicia de la Republica. CASACIÓN N° 1227-2012. Considerando Noveno. Sentencia emitida por el Juez Supremo Calderón Puertas participante del proyecto de Auditoria Social a los Sistemas de Justicia.

     

     
     
     

    «Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de las organizaciones socias del Proyecto (Comisión Andina de Juristas, Fundación CONSTRUIR, Centro sobre Derecho y Sociedad – CIDES, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA y la Facultad de Derecho – Universidad de Chile), y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.»

     
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